Parece ser que el nudo gordiano que impide formar gobierno en nuestro país es el frentismo político que históricamente ha dividido a los españoles; en esta ocasión, dos bloques irreconciliables enfrentados por la manera de entender la Constitución de 1978: los constitucionalistas y los otros (populistas e independentistas).
El caso es que no existe ninguna autoridad política o jurídica que haya emitido un dictamen objetivo sobre quién es constitucionalista y quién no lo es. Es, simplemente, una identidad creada desde la subjetividad de unos basada en un juicio de parte; por consiguiente, muy discutible.
Pero, en primer lugar, lo que habría que determinar es qué cosa es ser constitucionalista. En lo tocante al tema que nos ocupa, la RAE define al constitucionalista como a todo aquel que defiende la Constitución vigente en el Estado. Y, si profundizamos un poco más, constitucionalista sería el partidario del constitucionalismo: “un complejo de ideas, actitudes y pautas de comportamiento que establecen el principio de que la autoridad del gobierno deriva y está limitada por la parte principal de una ley fundamental”.
En la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, proclamada en la Asamblea Nacional Constituyente de Francia el 28 de agosto de 1789 se afirma: “Una sociedad en la que la garantía de los Derechos no está asegurada, ni la separación de los Poderes determinada, no tiene Constitución”.
El PP, el PSOE y Ciudadanos se proclaman constitucionalistas y, no solo eso, además afirman que son los únicos partidos constitucionalistas del país.
Es un juicio de parte, evidentemente, subjetivo, excluyente y sin ningún tipo de fundamento que lo acredite.
Es cierto que los tres partidos defienden, de palabra, la Constitución; pero no son los únicos, todos los demás también. Y, por otra parte, si nos atenemos a la praxis política que durante los últimos cuarenta años han desarrollado el PP y el PSOE, desde sus diferentes gobiernos, encontramos claras evidencias de graves incumplimientos de buena parte del articulado de la Constitución, y tampoco se nos escapa que la garantía de los Derechos nunca ha estado suficientemente garantizada, así como que la separación de los Poderes, bajo los gobiernos del PP y PSOE, es algo que pertenece al mundo de las entelequias.
Así que podríamos admitir que PP y PSOE pueden ser constitucionalistas de espíritu, pero tremendamente negligentes a la hora de poner en valor lo sustantivo y sustancial de la Constitución.
En cualquier caso, carecen de autoridad para atribuirse la exclusividad del constitucionalismo frente a, por ejemplo, Podemos, partido político que, hasta el presente, ha sido escrupuloso cumplidor de la Constitución y el más inequívoco defensor de la misma, al menos, en sus artículos más garantistas de los Derechos del hombre y del ciudadano.
De hecho, Podemos es tan riguroso en el cumplimiento de la Constitución que, por un lado, está a favor del referéndum en Catalunya previa reforma de la Ley y, por otro lado, también defiende una revisión más amplia de la Constitución para hacerla más democrática y adecuada al tiempo en el que vivimos.
En conclusión, podemos afirmar que el bloque constitucionalista es una falacia y el nudo gordiano que ello representa para la posible gobernabilidad del país, una estupidez.
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